Hace unos días ponia la noticia de que Justicia comenzaba a entregar en un mes los certificados a las Victimás de franco, de las cuales ya se habian presentado 168 solicitudes y las cuales se pueden tramitar por internet en la página http://www.mjusticia.es/ un enlace a través del cual los interesados pueden tramitar sus peticiones. Pues bien respetando todas las opiniones y por ese mismo motivo puse la noticia para dar a conocer la información y que quien quiera lo pueda solicitar. Pero hoy a propósito de esta cuestión, permitidme que traslade aquí algo que he leido en el Foro de la Memoria Histórica y que se trata de una particular opinión del amigo J. Cabañas con la que estoy de acuerdo.

J. Cabañas dice:

La verdad es que a mí, particularmente, la cuestión de la Ley de Memoria (art. 4) que ahora se viene a regular me sigue mereciendo muy poco aprecio.

Desde el respeto a cualquiera otra decisión que otras personas puedan adoptar a propósito de la "reparación y reconocimiento personal a quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura", mi posición en cuanto a esto, como nieto de asesinado-desaparecido por el franquismo es la siguiente:

Me niego a tener que ser yo quien emprenda actuaciones para obtener reparación y reconocimiento para mi abuelo. No me parece oportuno que se traslade "la carga de la prueba" para esa obtención a las víctimas o a sus descendientes. Además, esas "declaraciones" personales, podrán ser obtenidas o no, las peticiones podrán, o no, ser estimadas...

Las víctimas que no dispongan de descendientes o de Instituciones que soliciten para ellas la reparación y el reconocimiento no obtendrán lo uno ni lo otro (¿no lo merecen?)...

Mi abuelo no necesita a título individual de ningún reconocimiento que haya de ser previamente solicitado... Su dignidad y la de todas las víctimas injustas de la represión franquista no precisa figurar en ningún documento que haya de ser previamente solicitado... No es su dignidad la que está en juego o en entredicho; más bien es la nuestra, la de nuestra actual sociedad la que se juega en darle o no el trato adecuado a las víctimas.....

Sobre la "reparación" que se ha de pedir se declare desde el Ministerio de Justicia, si de verdad pretenden hacerlo desde ese Ministerio como sería debido, podrían atender a la tantas veces (y sobre todo ultimamente desde instancias cualificadas, como la ONU y AI) señalada y exigida obligación de satisfacer a las víctimas en sus derechos de Verdad, Justicia, y REPARACIÓN.

En cuanto al "reconocimiento" que se ha de solicitar, el mejor que las víctimas podrían tener es el de que se les aplicara la Justicia a la que tienen derecho... El mejor "reconocimiento" de los asesinados después de las farsas de los "ilegítimos" (así los define la propia Ley de Memoria)Consejos de Guerra franquistas sería la ANULACIÓN de los Sumarios que los condenaron, y la mejor manera de "reconocer" a todas las víctimas, de todas las numerosas modalidades de la represión franquista, bien podría ser (en vez de un "reconocimiento" en una declaración que las víctimas o los suyos "han de mendigar") una declaración INSTITUCIONAL, pública y solemne desde la actual encarnación del Estado de repulsa y condena de la represión perpetrada por el Estado franquista; de PÚBLICO reconocimiento a las víctimas de dicha represión, y de petición de PERDÓN a las víctimas por el dolor causado entonces desde los poderes de aquel Estado....; eso si que sería un "RECONOCIMIENTO" "de Oficio", como es debido, y como las víctimas se merecen....

Por cierto, esa petición de público reconociento y perdón la han hecho otros Estados (algunos recientemente) por motivos y por represiones "menores" que la que aquí se ejecutó.....

La Anulación de Sumarios se hizo en Alemania (y no pasó nada; hay están) como se recoge en un magnífico artículo de El País de hoy.
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Políticas de memoria y reparación a las víctimas:

Alemania.Las potencias vencedoras de la Segunda Guerra mundial ya habían destruido los símbolos nazis. La cuestión más controvertida era el derecho. En 1998, el Parlamento aprobó una ley que anulaba las sentencias dictadas por el Tribunal Popular o en juicios militares sumarísimos.
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...A propósito de la Anulación de los Sumarios del franquismo, y tratándose de Memoria Histórica, no está demás recordar lo que sobre ello decía el PSOE en julio del año 2003, cuando era Oposición:

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A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a la anulación de los juicios sumarios de la dictadura franquista, para su debate en la Comisión Constitucional.


MOTIVACIÓN

Desde febrero se 1939 se procedió al enjuiciamiento sumario de las organizaciones políticas representativas de la República, y también de sus dirigentes, por hechos ocurridos desde Octubre de 1934, con la consiguiente incautación de sus bienes. También se procedió a la depuración de todos los órganos y organismos del Estado, ello alcanzó a los militares en su totalidad, a muchísimos enseñantes y a otros muchos funcionarios, y ello sin perjuicio de poder ser procesados por otros hechos y ante las jurisdicciones especiales que se iban creando, aplicándoseles la Ley de 9 de febrero de 1939 de Responsabilidades Políticas, el Decreto de 17 de noviembre de 1936 de Jurisdicción y Justicia Militar (Restablecimiento de Tribunales de Honor), la Ley de 1 de enero de 1940 de Jurisdicción antimasónica y anticomunista y el Decreto de 26 de abril de 1940 de Instrucción de la "Causa general" sobre los hechos delictivos cometidos en todo el territorio nacional durante la dominación roja.

Estas normas fueron dictadas por el régimen de Franco, sin autoridad legítima y vulnerando los derechos reconocidos en la Constitución.

Los ciudadanos fueron clasificados entre afectos y desafectos al régimen, mediante juntas especiales nombradas para tal fin. Primeramente, con carácter militar, en los campos de concentración de prisioneros, después, con carácter civil, en los pueblos de sus lugares de procedencia.

A partir de 1940, con toda la información recopilada, se abre Causa General contra toda persona que hubiera colaborado con la República o fuera sospechosa de haberlo hecho; por supuesto, también conllevaba la incautación de bienes.

El mecanismo de enjuiciamiento que se seguiría sería el del orden militar sumario, bien mediante Consejos de Guerra en jurisdicciones varias militares (tierra, marina, aire, etc.) o por el tribunal de honor, para algunos depurados del Estado, o por la jurisdicción especial, como fue la Represión de la Masonería y el Comunismo, vigente casi 30 años. Es decir, que quienes decidieron fueron única y exclusivamente militares alzados utilizando para ello el nombre de los tribunales, con denominaciones diversas.

Las condenas, de modo genérico, son por el delito de auxilio a la rebelión, siendo las penas mayoritarias de muerte y 30 años de prisión, las menos 12 años. Y también conllevaban civilmente la pérdida de bienes y otras sanciones atentatorias contra la dignidad de las personas.

Pero en el orden real práctico, se desciende a la aplicación de una "justicia inmediata" que era aplicada por los dirigentes políticos locales del régimen en cada pueblo, formulando denuncias que constituían prueba y condena sobre la marcha.

Para la restitución, o la reparación equivalente, el reconocimiento moral de los daños causados, incluidos los de la vida y la libertad (se calculan hasta unos 150.000 fusilados y bastante más de 500.000 personas privadas de libertad) en España nunca se ha tomado ninguna medida legal, téngase en cuenta que hasta el 20 de noviembre de 2002 no se ha producido una condena explícita del golpe militar fascista del 18 de julio de 1936, momento en el que

· "El Congreso de los Diputados, en este vigésimo quinto aniversario de las primeras elecciones libres de nuestra actual democracia, reitera que nadie puede sentirse legitimado, como ocurrió en el pasado, para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y a la dignidad de todos los ciudadanos, lo que merece la condena y repulsa de nuestra sociedad democrática".

· "El Congreso de los Diputados reafirma una vez más, el deber de nuestra sociedad democrática de proceder al reconocimiento moral de todos los hombres y mujeres que fueron víctimas de la guerra civil española, así como de cuantos padecieron más tarde la represión de la dictadura franquista. Instamos a que cualquier iniciativa promovida por las familias de los afectados que se lleve a cabo en tal sentido, sobre todo en el ámbito local, reciba el apoyo de las instituciones evitando, en todo caso, que sirva para reavivar viejas heridas o remover el rescoldo de la confrontación civil."

Otros países, como es el caso de Alemania, que sufrió desde 1939 a 1945 la dictadura nazi que sometió a muchos ciudadanos alemanes y no alemanes a la persecución ideológica y racial y perpetró los crímenes más horrendos, promulgó la "Ley de derogación de fallos injustos nacionalsocialistas en la asistencia del derecho penal y de las decisiones de esterilización de los antiguos juzgados de salud" para anular las sentencias infames y vejatorias promulgadas por tribunales ilegítimos durante la dictadura nazi.


Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente:

PROPOSICIÓN NO DE LEY
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Facilitar el acceso de familiares y estudiosos a los sumarios de los represaliados de la Guerra Civil depositados en los archivos civiles y militares, mediante la catalogación y conservación adecuada de los mismos.

2. La anulación de todos los juicios sumarios realizados al amparo de la Instrucción de Causa General, de Responsabilidades Políticas, Tribunales de Honor y Jurisdicción antimasónica y anticomunista, por la ilegalidad de dichas normas e ilegitimidad de los tribunales y aparatos judiciales que inician esos procesos y dictan las sentencias injustas."

En Palacio del Congreso de los Diputados, a 8 de julio de 2003.

LA DIPUTADA
Mª. AMPARO VALCARCE GARCÍA

EL PORTAVOZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.